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Opinión

Sato Sport ¿mala gestión empresarial?

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Ahora Alcalá
Serafín Gutiérrez

La empresa Sato Sport fue adjudicataria y formalizó con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en el año 2002 un contrato de concesión de obra pública, por el cual aquella construía una instalación deportiva y la explotaba durante 50 años. Durante esos 50 años, desde su apertura en 2007, la empresa explota una instalación privada y debe asumir el riesgo y ventura del propio negocio de gimnasio deportivo.

Por tanto, el exitio o fracaso de la instalación depende de la gestión que haga la empresa privada, y es su responsabilidad que funcione un negocio que había calculado como rentable en el momento en el que se formalizó la operación.

El contrato de concesión de obra pública no puede ser un seguro a todo riesgo para el contratista, ya que éste está obligado a asumir el riesgo de cualquier operación empresarial. Estamos ante eso, ante un negocio privado.

La Ley de Contratos sólo prevé modificaciones al contrato en supuestos de fuerza mayor, como por ejemplo siniestros fortuitos, aparición de circunstancias imprevisibles en el momento de formalizar el contrato, cuando se modifiquen las condiciones de explotación de la instalación o cuando se establezcan fórmulas de revisión de precios en el propio contrato. Ninguna de estas causas se da en este contrato, ya que no se han dato ni siniestros fortuitos, ni causas imprevisibles, ni modificación de las condiciones, ni aparecen cláusulas de revisión de precios.

Por tanto, el empresario que explota una instalación privada hasta que acabe el plazo de concesión debe asumir el riesgo del negocio en el que decidió en su momento embarcarse. Toda actividad empresarial tiene un componente de riesgo y éste no puede ser derivado a las Administraciones Públicas.

Este caso de Sato sport Alcalá es muy similar al de las autopistas radiales de peaje de Madrid, cuyas concesionarias han quebrado por falta de uso de las mismas y ahora pretenden que el Estado las asuma con un coste de 5.000 Millones de euros. Las autopistas de peaje radiales de Madrid fueron diseñadas por los gobiernos de Aznar en un momento de boom inmobiliario; por parte del Gobierno Central no hubo un análisis de sostenibilidad futura y las grandes constructoras del país aceptaron la operación.  En el caso de Alcalá de Guadaíra el empresario aceptó una operación y asumió unos riesgos, y tuvo que contar con unos estudios de sostenibilidad a largo plazo por un periodo de 50 años.

Ahora no puede pretender que los bolsillos de todos los alcalareños soporten una mala planificación y una mala gestión empresarial.

Ahora Alcalá
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