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La Junta resuelve finalizar el contrato para construir el tranvía de Alcalá

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Ahora Alcalá

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado autorizar a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Aopja) a que resuelva el contrato de obra del tranvía de Alcalá de Guadaíra, tramo Universidad Pablo de Olavide-Parque Tecnológico, por la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses, para lo que tendrá que abonar un total de 2,3 millones a la adjudicataria.

El anuncio ha sido realizado por el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, con lo que la Junta de Andalucía deja en suspenso aún más el futuro de este medio que unirá Alcalá con Sevilla a través del término municipal de Dos Hermanas.

Según Bendodo, el día 2 de marzo de 2018, la Aopja procedió a la suspensión temporal total de la obra y el 16 de noviembre de ese mismo año la unión temporal de empresas (UTE) Comsa-Martín Casillas solicitó la resolución del contrato al amparo del artículo 207 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Ahora la Junta tendrá que pagar 2,3 a la anterior concesionaria de la obra. De esa cantidad, se destina concretamente a resolver el contrato y a liquidar la obra 741.503 euros, más 1.377.760 euros por la revisión de precios y una indemnización por lucro cesante de 236.144 euros.

La intención de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio es resolver el contrato, a petición de la empresa, “tras el parón de más de ocho meses, e impulsar esta infraestructura”. Para ello, los presupuestos andaluces de 2020 destinan 10,4 millones de euros al tranvía de Alcalá de Guadaíra que servirán para pagar lo que se debe a la UTE constructora y para poner en marcha medidas de emergencia.

El objetivo es doble, tal como asegura, mencionando la reparación de todo lo dañado tras estos años de abandono y reforzar las medidas de vigilancia para que no se vuelvan a producir actos vandálicos ni robos. Al mismo tiempo, la Consejería sigue trabajando con la Unión Europea para justificar la viabilidad del proyecto y poder mantener la financiación comunitaria.

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