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El TSJA anula el proceso de modificación de la autorización ambiental de la cementera para que pueda incinerar

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Ahora Alcalá

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ve “nulo” el proceso de modificación de la autorización ambiental de la cementera de Alcalá de Guadaíra, dando la razón a Al Wadi-Ira en su litigio contra la decisión de la Junta de permitir la modificación de la autorización ambiental integrada de la planta de Cementos Portland Valderribas S.A.

Hablamos del conflicto desencadenado en Alcalá de Guadaíra a cuenta de la iniciativa promovida por Portland Valderribas, para incinerar en su planta alcalareña derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible.

Para ello, la empresa solicitó a la Junta de Andalucía una modificación de la autorización ambiental unificada (AAI) concedida en 2006 para el funcionamiento de la planta cementera, en 2014 la administración autonómica accedió a dicha modificación, con la correspondiente y posterior declaración de impacto ambiental.

La medida ha supuesto el mayor frente ambiental vivido recientemente en Alcalá de Guadaíra. Los colectivos ecologistas, que han promovido toda una campaña social en contra de la iniciativa “NO a la incineración de Residuos en Los Alcores ¡Sí al reciclaje!”, han alertado insistentemente de que gracias a esta revisión de su autorización ambiental integrada, la planta cementera contaría con disposición de incinerar 292.000 toneladas de residuos al año para su uso como combustible.

Los ecologistas alertaron de que “esa cantidad supera a los residuos que procesan todas las cementeras de Andalucía juntas”, y avisaron de las “emisiones a la atmósfera”, con sus correspondientes consecuencias en un área densamente poblada como es nuestra ciudad.

Cementos Portland, por su parte, ha venido defendiendo que prevé invertir dos millones de euros en implementar en su fábrica un sistema de valorización energética de residuos, aspecto que “tienen 28 de las 33 plantas que la cementera tiene en España”. La compañía justifica esta medida en “el abaratamiento en los costes de producción” y augura una mayor actividad económica fundamentalmente en la comarca, “contribuyendo al desarrollo del sector del reciclaje”.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respecto al recurso de los ecologistas de Alcalá resuelve directamente: “dada las características de la instalación, el volumen de residuos y la actividad de gestor de residuos que exige nueva autorización y en cuyo procedimiento se ha omitido el Informe de compatibilidad urbanística preceptivo y vinculante, queda viciado el procedimiento de autorización, determinando su nulidad”.

Además, la sentencia del Alto Tribunal andaluz señala que el dictamen ambiental en el que se evalúan los efectos del proyecto o actividad fue “publicado al mismo tiempo que la autorización integrada, impidiendo la participación pública en una de las fases más crítica en el proceso aprobatorio, lo que causa también la nulidad de la resolución impugnada”.

En su sentencia, emitida el 10 de octubre y recogida por Europa Press, el Alto Tribunal andaluz falla así a favor de Al Wadi-Ira y ve “viciado el procedimiento de autorización”, extremo que “determina su nulidad”.

 

 

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